Desde que decidieron sus planes bélicos contra Irak, el gobierno americano presidido por Bush y otras autoridades de otros países, están repitiendo como un tópico: «Sadam debe desarmarse». Incluso afirman, adoptando un benéfico rostro pacifista, que este desarme es la única manera de evitar la guerra.

Tal exigencia del «desarme» iraquí se refiere a las llamadas «armas de destrucción masiva», nucleares, químicas, biológicas. Pero a quienes repiten este tópico del desarme de Sadam no se les escapa que los EEUU, cuyo Gobierno ha levantado este clamor por el desarme, poseen el mayor arsenal de armas de destrucción que hoy existe, capaz de acabar con toda la vida del planeta. El único país que ha usado armas nucleares contra la población civil, el país que descargó las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, pretende convencernos de que Irak es un peligro para la humanidad.

Los EEUU ha utilizado la guerra química y biológica en la contienda de Vietnam. Ha comandado invasiones múltiples de Estados soberanos. Y que, hoy día, se opone al Tribunal Penal Internacional y afirma que si alguno de sus funcionarios fuese llevado ante él, lo rescataría por la fuerza. En la última Asamblea de las Naciones Unidas, los representantes de los EEUU han votado en contra de las propuestas de desarme nuclear. Es sobradamente claro que la acusación a Irak de poseer armas de destrucción masiva es sólo un pretexto para justificar un ataque, movido por intereses económicos y políticos. Pero produce sorpresa que en el grave debate sobre tal ataque se acepte unánimemente, sin crítica, esta desigualdad entre los pueblos. Irak no debe poseer armas de destrucción masiva, pero tampoco ningún otro país, entre ellos los EE.UU. Bush debe desarmarse, no sólo Sadam. Si el presidente Bush ama tanto a la humanidad, ¿por qué planifica un nuevo exterminio de pueblos inocentes?

La guerra de 1991 tuvo consecuencias devastadoras en la economía de Iraq, en el bombardeo murieron unos 100.000 civiles. Pero no fue nada comparado con las terribles consecuencias del embargo, que ha demostrado ser un "arma especial de destrucción masiva". Durante más de una década, se ha sometido a Iraq a un bloqueo económico que, según la UNICEF, ha sido directamente responsable de la muerte de más de 500.000 niños menores de cinco años de edad, principalmente, como resultado de la pérdida de niños recién nacidos, por la ausencia de medicinas básicas y también debido a la malnutrición. El número total de muertes, incluidas las de población adulta, se sitúa en diferentes niveles, depende de las instituciones, pero en general, las cifras oscilan entre 900.000 y 1.200.000 personas.

Salvo que ocurra casi un milagro, dentro de unas semanas se va a producir un ataque a Irak que los mandos políticos y militares norteamericanos, anuncian como "demoledor". Serán bombardeos masivos continuados sobre las principales ciudades, cirugía de hacha y espada, decenas de miles de muertos civiles o militares, miles de animales aniquilados, ecosistemas arrasados, un país destruido sobre la destrucción anterior. Niños famélicos del embargo, cancerosos del uranio empobrecido, contaminados por el agua que no puede depurarse por humanitaria decisión de los EEUU, destrozados ahora por las bombas inteligentes que lo son porque estallan exactamente en donde más duele.

Brutalidad ilimitada y también cobardía infinita motivadas por la codicia de petróleo. El ejército de los Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados incondicionales, entre ellos España, todos babean sangre hablando de derechos humanos, asesinará sin bajas propias, abrasará desde lejos, sembrará alfombras de fuego, calculará la matanza como se mide la lluvia: con cantidad de explosivos por metro cuadrado, reventará edificios y seres humanos desde parpadeantes cabinas de mando.

El Tratado de Roma sobre la creación del Tribunal Penal Internacional define los crímenes como el que se va a cometer en Irak como crimen contra la humanidad. La caída de la primera bomba sobre Irak debería conducir al inicio inmediato de un procedimiento penal contra el presidente de los EEUU, sus ministros, sus generales, y los máximos responsables de los países que participen o colaboren en la matanza.